Así pasen diez años (y 2): Reacciones a la bajada de tarifas de traducción, en El Trujamán del Instituto Cervantes

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Deadmen Tell No Tales – Howard Pyle

© María José Furió & Instituto Cervantes

Pero, como dijo Freud, dale portazo al pensamiento reprimido y lo verás regresar por la ventana… Volvió mientras ordenaba mis libros, al dar con el número 29 de la revista Vasos Comunicantes, que incluye un artículo, «La traducción literaria en Europa», de Ros Schwartz y traducido por Celia Filipetto. En apenas cinco densas páginas, la entonces presidenta del CEATL condensa un panorama y un programa de acción y de logros en diferentes países —Alemania, Noruega, Islandia, Holanda, Francia— para mejorar las retribuciones de las profesiones de la cultura, y específicamente de la traducción literaria. Cuando terminé de leerlo me volví a comprobar en la portada la fecha de publicación: otoño de 2004. ¿Por qué, contando con un programa semejante, diez años después sentimos los traductores españoles que hemos retrocedido en condiciones de trabajo («plazos de entrega, tarifas, derechos de autor, derechos subsidiarios»)? Como mucho, conseguimos que editoriales pequeñas asuman el contrato tipo defendido y redactado por la ACE Traductores. ¿O esa precaria situación del traductor literario es mera leyenda, superstición antigua, o incluso, el síntoma de algún tipo de deficiencia social que aqueja a concretos individuos de la profesión?

Si la precariedad es leyenda, no lo es que el traductor medio ha ido perdiendo capacidad de controlar el objeto de su trabajo y las condiciones en que lo desarrolla. Tampoco es leyenda que debemos «competir» con colegas que aceptan traducir sin contrato, con tarifas muy por debajo de la media —de hasta ¡3! y 8 euros por 2.100 caracteres—, que nunca piden porcentaje de royalties ni por la cesión a terceros y también renuncian a revisar la corrección y a solicitar el resumen anual de ventas. Colegas, en definitiva, que renuncian a mostrarse tan quisquillosos, o tan profesionales, en la traducción como lo son con sus sueldos en la enseñanza pública. La traducción es para ellos un complemento salarial que obtienen, tantas veces, del prestigio asociado a la actividad académica.

Del mencionado artículo destacaría que Schwartz propone recursos posibles para evitar que los traductores literarios seamos siervos (mudos) para los editores, sobre todo de las grandes corporaciones, de manera que no solo un marco legal sólido sino político garantice un respaldo y una referencia a la práctica profesional.

En concreto, postula «influir sobre la práctica del copyright mediante la legislación nacional». El Parlamento ha de aprobar una ley que mejore los derechos de autores y otros artistas. También, «iniciar negociaciones colectivas e individuales con los usuarios del copyright», que incluye la intervención del Estado para «garantizar los ingresos de los traductores». Y «obtener el patrocinio público o privado de la traducción literaria», como sucede en Francia. Algunas de las subvenciones compensan directamente al traductor.

No niego que alguna de estas medidas se ha aplicado en nuestro país, pero también sabemos del retroceso impuesto a la recaudación de derechos, que Cedro ha impugnado. La autora señala que el conjunto de actuaciones implica introducir la idea de «remuneración adecuada», definida como «aquella que refleja la práctica “habitual y honesta” de la actividad específica». El cambio sustantivo es que la nueva Ley de Derechos Contractuales de los Autores alemana (2002) avala «el derecho de los usuarios a negociar unas tarifas fijas», vinculantes, y que obligan a las partes a aceptar la decisión de un tribunal de arbitraje si previamente no logran un acuerdo. No se le escapará al lector de este artículo que este punto es el clave y que impediría decisiones como las tomadas por el grupo Penguin Random House, y otras editoriales que en su momento no tuvieron la deferencia de hacer pública su medida.

El quid del artículo de Schwartz no está solo en la defensa de una retribución adecuada para el conjunto de los traductores sino en un aspecto en mi opinión mucho más serio: el derecho a construir una trayectoria profesional igual que puede hacerlo cualquier persona que actúa sobre o con objetos materiales o en el seno de una estructura física (fábrica, universidad, hospital, comercio). A menudo, el prestigio que aureola a las profesiones artísticas e independientes impide a los profanos entender que ese prestigio es un plus y no el fin, que por eso no puede sustituir al resto de aspectos que posibilitan el ejercicio de dicha actividad en condiciones dignas.

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